Todo estalló el 3 de diciembre de 2001, hace 20 años, con el decreto 1570.

Por más de tres años, los argentinos venían soportando la recesión más prolongada de la historia de su país.

La pobreza había aumentado más del 12% durante ese período y el desempleo era récord, con tres de cada 10 trabajadores desempleados.

El gobierno de Fernando de la Rúa, que había asumido hace dos años, enfrentaba un durísimo dilema: gracias a una ley aprobada una década atrás, que ataba el valor de la moneda argentina -el peso- al dólar, la demanda por billetes verdes había superado ampliamente la capacidad del país sudamericano de generar esas divisas.

Con su economía estancada y un peso caro y poco competitivo, Argentina dependía cada vez más de la financiación extranjera: el 97% de su deuda externa era en dólares.

Preocupados por la asfixiante situación económica, muchos argentinos empezaban a desconfiar de la solidez del sistema y a enviar sus dólares a cuentas en el exterior, en particular a la vecina Uruguay.

Con las reservas del Banco Central (BCRA) en caída, a mediados de 2001 De la Rúa pidió ayuda extra al Fondo Monetario Internacional (FMI), negociando una reestructura de su deuda.

Pero ante la creciente fuga de capitales y el descalabro económico, pocos meses después el FMI decidió suspender sus desembolsos, lo que provocó una corrida bancaria aún más masiva.

Fue en este contexto que el 3 de diciembre De la Rúa firmó el famoso decreto, ideado por su poderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo -el «padre de la convertibilidad»-, para intentar frenar la sangría de dólares.

La medida, que poco después sería bautizada como el «corralito«, impuso restricciones a la extracción de depósitos bancarios.

A los argentinos se les permitió sacar un máximo de 250 pesos o dólares en efectivo a la semana de sus cuentas, una cifra que no cubría el ingreso mayoritario de la población en ese momento.

También se prohibieron las transferencias de dinero al exterior.

Aunque las transferencias electrónicas estaban permitidas, en ese momento solo el 1% de las transacciones se realizaban a través de tarjetas de débito o crédito, por lo que el decreto paralizó el comercio y dejó al vasto sector informal de la economía sin posibilidades de subsistir.

El «corralito» fue la gota que rebalsó el vaso para una población que llevaba años sufriendo.

Comenzaron a producirse estallidos sociales y saqueos. Cientos de personas se agolparon en las puertas de los bancos, golpeando sus cacerolas y reclamando que les devolvieran su dinero.

Las protestas se fueron caldeando.

La tensión alcanzó su cúspide el 19 de diciembre, cuando De la Rúa anunció por televisión el estado de sitio. Eso encendió el enojo popular aún más, y miles de personas fueron hasta la Casa Rosada, la sede gubernamental, al grito de «¡Que se vayan todos!».

Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Entre el 19 y el 20 de diciembre murieron 39 personas en las manifestaciones.

Finalmente, el mandatario huyó en helicóptero y presentó su renuncia, abriendo una crisis política e institucional que llevaría al nombramiento de cuatro presidentes en menos de dos semanas.

También llevó, a comienzos de 2002, al final de la paridad entre el dólar y el peso, y a la «pesificación» de los depósitos en dólares, lo que provocó una severa devaluación que hizo que se disparara la pobreza, que llegó a hundir a dos de cada tres argentinos.

En tanto, el país también dejó de pagar su deuda externa, declarando lo que en ese momento fue el default más grande de la historia, de US$144.000 millones.

De nuevo en crisis

Aunque han pasado 20 años, para los argentinos «la crisis de 2001» sigue siendo un recuerdo muy fresco, más aún en estos últimos tres años en los que se vivió un nuevo período de recesión económica y devaluación del peso, agravados por la pandemia.

Si bien en 2021 Argentina ha vuelto a crecer -el gobierno estima que el PIB aumentará un 10% este año, recuperando el 10% que cayó en 2020- algunos barómetros económicos son aún peores que hace dos décadas.

Uno es la inflación, que hoy asciende al 52% interanual. (En 2001 no había -de hecho, había lo contrario: una deflación de -1,1%, gracias a la convertibilidad y la caída en la actividad- y en 2002 llegó al 41%, 11 puntos menos que el actual).

Otro índice que hoy está peor que cuando estalló la crisis es el de la pobreza, que en la actualidad afecta a entre el 42% y la mitad de la población, según diversas mediciones oficiales (a finales de 2001 era un poco superior al 35%).

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que más de 40.000 pymes cerraron sus puertas debido a los efectos del coronavirus y la prolongada cuarentena ordenada por el gobierno de Alberto Fernández.

Eso es el doble de las que cerraron durante el período 2001-2002.

Y a todo esto se suma una nueva crisis de deuda, gracias a un gigante préstamo acordado con el FMI por el anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que, de no llegar a reestructurarse antes de marzo de 2022, podría llevar a Argentina a su décimo default de la historia.

Pero a pesar de todo esto, no ha habido otro estallido ni corridas bancarias, y tampoco existe la percepción de que Argentina esté al borde de una debacle similar a la de comienzos de siglo.

Por un lado, porque hoy hay más estabilidad política: aunque a muchos les preocupan las crecientes tensiones en el seno de la coalición gobernante entre el presidente Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo cierto es que en la actualidad no se vislumbra una crisis institucional.

Tampoco está el corsé económico de la convertibilidad, con su tipo de cambio fijo.

Pero además, el país ha hecho algunas modificaciones que harían más improbable que se repitan los sucesos más traumáticos de la historia reciente argentina.

Aquí te contamos de tres cambios que son clave.

1. Nuevas reglas y controles

En 2001 los bancos argentinos tenían muy pocas limitaciones a la hora de prestar dólares.

Según el economista Martin Vauthier, de la consultora financiera Anker Latinoamérica, los préstamos en moneda estadounidense equivalían a cerca del 80% de los depósitos en esa moneda.

Por eso, cuando los ahorristas quisieron retirar su dinero, las instituciones financieras simplemente no tenían los fondos necesarios para hacer frente a esa demanda.

Pero tras la crisis se impusieron fuertes limitaciones a los préstamos en dólares que hicieron que hoy el sistema financiero en esa moneda sea mucho más sólido de lo que era hace dos décadas.

En 2002 se sancionó una ley que obliga a contar con un respaldo de reservas en dólares en el Banco Central para poder prestar esa moneda.

Los llamados «encajes bancarios» obligan a las instituciones financieras a mantener inmovilizado un porcentaje del dinero que depositan los ahorristas en cajas de ahorro o plazos fijos, para poder hacer frente a los retiros de efectivo por parte del público.

Pero además hay otro cambio clave: los bancos solo pueden prestar dólares a quienes generen ingresos en esa moneda (principalmente los exportadores).

La consecuencia -dice Vauthier- es que hoy los préstamos representan apenas el 20% del total de los depósitos en moneda estadounidense, por lo que el 80% está disponible para retiros.

Esto garantiza la «liquidez» del sistema y deja a los bancos mejor preparados para enfrentar posibles corridas (sacar los depósitos de forma masiva), explica el economista a BBC Mundo.

Por otra parte, actualmente el gobierno mantiene muchos más controles sobre el acceso al preciado billete verde.

Los ahorristas argentinos pueden comprar solo US$200 por mes -una limitación que los locales llaman un «cepo cambiario»- y, además, deben pagar tasas del 65% por encima del valor oficial del dólar.

Las empresas que necesitan la moneda estadounidense para pagar importaciones o repartir ganancias en el exterior deben tener la aprobación del BCRA.

Aunque estos controles han llevado a otros problemas económicos -como el de la llamada «brecha» de precios entre la cotización del dólar oficial y el del mercado paralelo, que hoy vale el doble– lo cierto es que evitan muchos de los problemas que llevaron al «corralito».

No obstante, incluso con cepos cada vez más fuertes, Argentina hoy está alcanzando niveles de reservas preocupantemente bajos.

Basado en los reportes mensuales del BCRA, Vauthier estima que en la actualidad el país cuenta con apenas unos US$3.500 millones de reservas netas, una vez que se restan los encajes, los pagos de deuda y otros arreglos financieros.

Pero como la mayor parte está en oro, las reservas líquidas son incluso menos y «se acercan a cero».

Esto le pone gran presión al país para llegar a un acuerdo pronto con el FMI.

¿Pero qué pasaría si Argentina se queda sin reservas? ¿Podría haber otro «corralito»?

«Es difícil pensar que lo pueda haber, porque hoy los dólares están, a diferencia de en 2001 cuando estaban prestados», opina el experto.

«Si hubiera un ‘corralito’ hoy sería por una decisión política (y no por falta de dólares en los bancos) y tendría costos muy altos en términos electorales, económicos y sociales».

2. Ahorros a prueba de «corralitos»

Más allá de estas medidas estatales y limitaciones a los bancos, los propios argentinos se han asegurado de tomar medidas para evitar que sus ahorros queden atrapados nuevamente, si hubiera otro «corralito».

Aunque muchos siguen optando por el viejo método de guardar el dinero bajo el colchón o escondidos en sus casas, el miedo a un asalto ha llevado un gran número a volver a los bancos, pero de una manera más «segura» para ellos.

En vez de depositar sus dólares en cuentas bancarias, los ponen en cajas de seguridad que ofrecen esas mismas instituciones financieras.

De esta forma el dinero está protegido por el banco, pero queda fuera del sistema financiero, ya que estos cofres son considerados legalmente propiedad privada.

Aunque no hay una cifra oficial, el medio digital iProfesional investigó el tema en 2020 y concluyó que hay entre 1,1 y 1,2 millones de cajas de seguridad en bancos, y otras 25.000 en «empresas no bancarias».

El mismo medio resaltó que la cantidad de cofres se duplicó en los últimos seis años, cuando empezaron a surgir los actuales problemas económicos, que se fueron agudizando.

«La demanda de cajas de seguridad en la Argentina es inversamente proporcional a la estabilidad económica«, observó el periodista Claudio Zlotnik, autor de la investigación.

A la vez, cuantas más cajas de seguridad se usan, menos dinero hay dentro del sistema financiero.

Mientras que a comienzos de 2001, antes de que empezaran las corridas, los depósitos en dólares del sector privado superaban los US$50.000 millones, hoy rondan los US$16.000 millones, según Vauthier.

Aunque la ley no permite al Estado ordenar la apertura de las cajas de seguridad, a menos que haya una orden judicial, en tiempos de crisis suelen correr rumores de que el gobierno podría reformar la ley para tener esa potestad, algo que las autoridades siempre han negado.

3. La red de asistencia social

Más allá de lo financiero, la crisis de 2001 también llevó a la creación de una red de contención económica para los sectores más vulnerables, que -por lo menos por ahora- ha logrado evitar nuevos estallidos y saqueos como los de 2001, a pesar de que la pobreza actual es aún mayor que entonces.

Antes de 2001 solo existían unos pocos programas de asistencia económica estatal, pero tras la debacle se fueron ampliando los «planes sociales», como los llaman los argentinos.

Los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y de Néstor Kirchner (2003-2007) crearon programas de transferencias de dinero a cambio de contraprestaciones para quienes no tenían trabajo.

A pesar de que Argentina empezó a recuperarse económicamente, logrando generar más ingresos que gastos -o superávit fiscal- por primera vez en medio siglo y eventualmente reduciendo la pobreza en más de 30 puntos, el kirchnerismo mantuvo el asistencialismo e incluso lo amplió.

En 2009, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), sucesora de su marido, implementó por decreto la Asignación Universal por Hijo (AUH), un seguro social que otorga beneficios a personas desocupadas o que cobran menos del salario mínimo o trabajan en negro, por cada hijo menor de edad o con discapacidad.

También se le dio una jubilación a unos 3 millones de adultos mayores que no habían realizado los aportes correspondientes al Estado, duplicando la cantidad de jubilados.

A pesar de que estas ayudas hicieron que el gasto estatal volviera a superar los ingresos, el gobierno de Macri, opuesto ideológicamente al kirchnerismo, también mantuvo la asistencia social.

Esto, por un lado, ha hecho que el déficit fiscal argentino se siga ampliando en los últimos años, llevando a una mayor emisión monetaria y potenciando la inflación.

Pero los sectores más vulnerables han estado más protegidos, lo que resultó especialmente importante durante la pandemia.

Gracias a esta red de contención estatal, la pobreza aumentó menos en 2020-2021 que en 2001-2002, a pesar de que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue similar.

La ayuda social también hizo que aumente la escolarización y la vacunación de niños, dos de los requisitos para recibir la AUH.

No obstante, los críticos sostienen que estos «planes» -una palabra que muchos en Argentina usan de forma peyorativa– se han convertido en una política de Estado que es insostenible económicamente.

También advierten que desincentivan el trabajo, en especial el registrado, llevando a muchos a optar por empleos en negro para no perder el beneficio estatal.

En ese sentido, resaltan que la creación de empleo privado se ha mantenido estancado en estas dos décadas, mientras que la ayuda estatal se ha multiplicado por once.

En 2002 eran 2 millones los argentinos que recibían esta asistencia. Hoy son 22 millones –casi el 50% de la población– los beneficiarios de alguno de los 141 programas de asistencia que tiene el Estado, según los datos de diversos organismos dedicados al tema.

En tanto, hay unos 12 millones de trabajadores registrados, según los registros del BCRA, pero solo el 49% (unos 6 millones) son asalariados privados.

Esto significa -resaltan los críticos- que por cada persona que trabaja en blanco en el sector privado, contribuyendo con sus impuestos a financiar al Estado, hay más de tres personas que dependen de los beneficios estatales para sobrevivir, algo que consideran «inviable».