La orden de allanamiento fue firmada por el juez federal en lo criminal y correccional N° 10 de Buenos Aires, Julián Ercolini, y diligenciada por el fiscal federal porteño Gerardo Pollicita, con el objeto de buscar pruebas de delitos que podrían estar en las computadoras que usaron entre abril de 2019 y febrero de 2020 inclusive, los entonces gerentes zonales José Luis Testa y Luis María Celestino Restelli, y los entonces gerentes de sucursal Diario Marcelo Giacossa y Néstor Ariel Bled, quienes según considera el fiscal Pollicita, tuvieron participación en la maniobra defraudatoria contra el Estado Nacional, pergeñada con algunos directores de Vicentín.

El pedido fue obtener «copia forense» de las pruebas requeridas; con la atribución de que si no conseguían el objetivo durante el allanamiento, puedan secuestrar las máquinas por 72 horas para el mismo fin.

La tarea fue encomendada a personal de Gendarmería Nacional, quienes se constituyeron en la sede Reconquista del Banco Nación, ubicada en calle San Martín 802, esquina Mitre, donde trabajaron durante varias horas del miércoles 28 de octubre de 2020.

Otro pedido del juez nacional fue que filmen todo el procedimiento, de principio a fin.

Simultáneamente fue allanada la sede central del Banco Nación para buscar otras pruebas.

Cómo fueron las maniobras concertadas para estafar al estado entre funcionarios del Banco Nación y Vicentín, según el fiscal Pollicita. 

El Dr. Gerardo D. Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, sostiene que funcionarios del Banco Nación Argentina y de la empresa Vicentín saic, concertaron una estafa contra el Estado Nacional, a través del otorgamiento irregular de préstamos, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos.

El fiscal cree que se trata de «una crisis autogenerada por los responsables de Vicentín s.a. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagar la deuda al Banco de la Nación Argentina».

Breve reseña de la maniobra investigada

Sostiene el fiscal Pollicita que «los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín s.a. y Algodonera Avellaneda s.a., apartándose de la normativa interna  que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba.

A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentín, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.

Según se pudo determinar a través de la documentación remitida por el BNA, la firma Vicentín s.a., es un cliente histórico del Banco de la Nación Argentina, que en función de su actividad principalmente de agroindustrial
exportadora, tuvo asignado a lo largo de los años por disposición del Directorio de dicha entidad bancaria, una línea de crédito para la celebración de operaciones de comercio exterior que para el período 14/06/2018 al 30/04/2019 permitía prestarle hasta USD 300.000.000, pero con una exposición máxima en pesos de $8.333.000.000.-

Sin embargo, como se verá en lo sucesivo, a partir del vencimiento de esta disposición el 30 de abril de 2019, las autoridades del BNA ―gerenciales y el directorio― beneficiaron a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda al continuar asistiéndolas crediticiamente cuando no se encontraban autorizados para hacerlo.

Para ello, primero otorgaron dos prórrogas a la calificación vigente cuando las empresas ya habían superado el límite máximo establecido en la última resolución de directorio; luego otorgaron nuevos préstamos a la firma Vicentín sin contar con calificación vigente, teniendo la firma deuda vencida con el banco y encontrándose excedido el cliente en los límites que fija el BCRA; y todo ello, mientras en simultáneo le permitieron a los titulares de Vicentín retirar los fondos que estaban depositados en garantía en el banco.

Así, una vez vencida la calificación crediticia, las autoridades del BNA a través de un procedimiento excepcional los días 30/04/19 y 25/06/19 concedieron dos prórrogas primero por 60 días y luego por 30 días más a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda, que permitió continuar asistiéndolas crediticiamente hasta el 31/07/19, pese a que para ese entonces se encontraban ampliamente excedidas en la exposición máxima establecida por el Directorio en más de 4500 millones de pesos.

De esta forma, durante la primera prórroga ―desde el 30/04/19 al 30/06/19―, los funcionarios del banco le otorgaron a las firmas mencionadas un total de 22 préstamos por la suma de USD 90.500.000.- mientras que durante el transcurso de la segunda prórroga ―que transcurrió desde el 30/06/19 al 31/07/19― le garantizaron el acceso a 11 créditos por un total de USD 44.500.000, totalizando a través de este canal excepcional USD 135.000.000.-

Al finalizar esta segunda prórroga, la firma Vicentín no solo se encontraba excedida en los límites fijados por el Directorio, sino también había traspasado el coto estipulado por el Banco Central de la República Argentina a través de la normativa “Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito” (en adelante GERC), por el cual restringe la cantidad de dinero que un banco le puede prestar a una única contraparte con el objetivo de limitar la pérdida máxima que las entidades financieras podrían experimentar en caso de un incumplimiento inesperado, estableciendo como capacidad máxima prestable hasta un 15% de su capital.

A su vez, en simultáneo ―el 8 de agosto de 2019―, la firma Vicentín registraba el primer vencimiento impago de sus deudas con el BNA, circunstancia que se extendió a lo largo de los siguientes meses en los que la firma registró más de 70 créditos impagos, con una deuda que al día de la fecha supera los 300 millones de dólares.

Sin reparar en estas circunstancias ―deuda vencida por más de 80 días y exceso en la normativa GERC―, entre los días 8 y 26 de noviembre los funcionarios del BNA ―gerentes, directores y presidente― decidieron otorgarle 28 nuevos préstamos a Vicentín por un total de USD 105.500.000 pese a que para ese entonces el propio BCRA había intimado al banco en reiteradas oportunidades a encuadrarse en la normativa vigente.

Así, mientras aumentaba la deuda impaga de Vicentín con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos ―USD 795.651.946 y $2.219.740.272―, los cuales estaban reservados para asegurar el cobro ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa.

Sin embargo, pese a que el BNA tenía en las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los casi USD 300.000.000 que Vicentín le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar de dichos fondos por disposición de la nueva gestión del Directorio, las cuentas se encontraban prácticamente vacías.

Finalmente, como es de público conocimiento la firma Vicentín el
pasado 10 de febrero se presentó en concurso de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, donde el BNA presentó una deuda de USD 304.328.665,75 que actualmente es de cobro incierto, y es por ello que se han dispuesto en este sumario distintas medidas de prueba a efectos de determinar si una vez obtenida la refinanciación por parte de los funcionarios, se produjo una crisis autogenerada para no pagar la deuda ilegalmente concedida por el Banco de la Nación Argentina.

Se produjo una crisis autogenerada para no pagar la deuda ilegalmente concedida por el Banco de la Nación Argentina.

Además de la falta de adecuación a la normativa GERC, Vicentín registró
vencimientos de deuda impagos, sin que el banco ejecutara las garantías que tenía sobre dos cuentas bancarias de la empresa.

El fiscal indica al juez que tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentín como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado, como se verá a continuación, durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco.

Entre los días 8 y 26 de noviembre de 2019, contando con la calificación vencida desde el 31 de julio de ese año y encontrándose ampliamente excedida la firma Vicentín en las normas que establece el BCRA que precisamente previenen la vulnerabilidad de las entidades bancarias frente a un incumplimiento inesperado por parte de un cliente, los referidos funcionarios del BNA otorgaron préstamos a favor de dicha empresa por un total de USD 105.500.000.-

El Directorio del BNA no solo aprobó los créditos otorgados hasta el 15 de noviembre de 2019, sino que además mantuvo la calificación de la firma VICENTÍN como Situación 1: Normal, es decir, la categoría más baja de riesgo.

Cuestiona el fiscal Pollicita que pese a encontrarse expresamente previsto que debían retener y aplicar los fondos existentes en ambas cuentas de garantía a los fines de cancelar las obligaciones adeudadas, los funcionarios omitieron realizar la conducta debida y además ―a pedido de la empresa― autorizaron a que los millonarios fondos que ingresaban en dichas cuentas fueran girados hacia una cuenta que carecía de restricciones para operar, desde la cual finalmente salían de la custodia del banco ya que eran utilizados para pagar diversos gastos ―AFIP, sueldos, proveedores, etc.―, o bien eran transferidos a otras cuentas de la empresa desconociéndose por el momento su destino final, provocando de esta forma, un vaciamiento de las cuentas y la pérdida de la garantía que el banco tenía frente a la firma, ocasionándole deliberadamente un perjuicio a la entidad bancaria.

Hubo un accionar deliberado y contrario a las misiones y funciones asignadas por parte de los funcionarios del banco -directivos y gerentes-, el cual se llevaba adelante conjuntamente con los empresarios de la firma Vicentín, quienes solicitaban la liberación de los fondos millonarios de las cuentas de garantía y luego los derivaban, en parte, a otras cuentas propias radicadas en distintos bancos, sacándolos de la esfera del patrimonio del banco.

Sobre el punto, la Auditoría recolectó el detalle de ingreso de divisas en la cuenta n° 42800473/90, afectada en garantía de la Cesión de Cobranzas del Exterior, en donde simultáneamente al incumplimiento del pago de las deudas, se registraron acreditaciones (cierres de cambio), por los siguientes montos:

A su vez, la Auditoría recabó el detalle de ingreso de acreditaciones en la cuenta n° 42800472/87 afectada en garantía de la Cesión de Cobranza del Mercado Interno en forma paralela al vencimiento de obligaciones impagas por los siguientes montos:

Como se puede observar, pese a que mes a mes ingresaron millonarios fondos por ventas en las cuentas que oficiaban como garantía de pago y que los funcionarios debieron retener el dinero a los fines de cancelar las obligaciones adeudadas, los agentes deliberadamente omitieron aplicarlo para el cobro de la deuda que desde el 8 de agosto tenía la firma VICENTÍN, provocando un grave perjuicio a las arcas del Estado Nacional.

Vicentín cobraba intereses por el dinero que le debía al Banco Nación. 

Sostiene el fiscal Pollicita que «resultó así, por cuanto además de prescindir de su deber de retener y aplicar los fondos existentes en las cuentas de garantía, autorizaron la transferencia de aquellos a una cuenta corriente respecto de la cual el BNA no tenía facultades ni preferencia para cobrarse lo adeudado por la compañía, y en la que además el banco —al que simultáneamente la empresa debía— le pagaba intereses por tener el dinero allí.

Para ello, lógicamente, fue necesario también que desde el lado empresarial solicitaran la liberación de los fondos, lo que en el caso de la cuenta de garantía de cobranzas de exportaciones ―n° 42800473/90― se hizo en forma presencial por directivos y/o apoderados de Vicentín.

Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma Vicentín tenía deudas vencidas con el BNA, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo… los funcionarios del BNA a pedido de los empresarios, decidieron liberar $43.449.104.966 —$41.592.204.966 de la cuenta de cobranzas en el exterior y $1.856.900.000 de la local— movilizándolo, hasta el día 3 de diciembre inclusive, hacia una cuenta corriente de la firma Vicentín que no poseía ninguna limitación, lo que le permitió a estos últimos disponer de los miles de millones de pesos que garantizaban los préstamos, burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria.

En efecto, como se verá a continuación, una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma VICENTÍN usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma ―tales como proveedores, impuestos, salarios― pero otra parte significativa de los fondos era transferido mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido.

Como se puede observar, conjuntamente funcionarios y empresarios lograron que lo que era garantía de los créditos fueran transferidos desde las cuentas garantías hacia una cuenta de libre disponibilidad de la firma en el BNA, para que una vez allí, al menos 17 mil millones —$17.199.202.360,76— fueran transferidos a cuentas de la empresa en otros bancos, consiguiendo así el éxito de la operatoria descripta, ya que en la actualidad su cobro es cuanto menos incierto, dado que, como se sabe, la empresa se encuentra en concurso preventivo desde el 10 de febrero de 2020.

De los casi de 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos que el BNA a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentín, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del BNA.

Fundamentos del fiscal para pedir la inhibición general de los bienes de los sospechosos de la gran estafa:

Los funcionarios del BNA que se encontraban a cargo de la administración y cuidado del patrimonio del banco, violando deliberadamente los deberes a su cargo, perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín s.a. y Algodonera Avellaneda s.a. y luego apartándose de la normativa omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a cobrar el dinero que se adeudaba.

Mientras que por otra parte, los empresarios se beneficiaron de la maniobra ilícita obteniendo un lucro indebido, para lo cual, solicitaron los distintos empréstitos, requirieron la liberación de los fondos puestos en garantía — los que luego en parte eran transferidos a otras cuentas propias—, y  postergaron el pago, dilatando las negociaciones con el objetivo de que finalmente, cuando hicieran la propuesta —que a la postre no cumplirían— ya no quedaran fondos de donde el BNA pudiera cobrarse.

Los sospechosos

Para el fiscal, quienes se encargaron de instrumentar la maniobra defraudatoria fueron, por un lado, los funcionarios que tenían a su cargo la administración y cuidado del patrimonio del Banco de la Nación Argentina: el ex Presidente de la entidad ―Javier González Fraga―, los ex Directores ―Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal―, el Gerente General ―Juan José Fragati―, la Subgerente General de Riesgo Crediticio ―Susana Ojeda―, el Subgerente General de Banca Corporativa ―Martín Enrique González―, la Subgerente Departamental de Soporte Crediticio ―Maricel Moschini―, los Gerentes de la Zonal Reconquista ―José Luis Testa y Luis María Restelli―, los Gerentes de la Sucursal Reconquista ―Darío Giacossa y Néstor Ariel Bled―, y por el otro, los empresarios — Roberto Vicentín, Osvaldo L. Boschi, Martín S. Colombo, Herman R. Vicentín, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli (quien falleció el 12 de agosto de 2020), para quienes pidió al juez que disponga la inhibición general de bienes; también sobre las personas jurídicas Vicentín s.a. y Algodonera Avellaneda s.a., mas la prohibición de innovar sobre su composición accionaria, ya que ambas empresas «fueron empleadas para el otorgamiento irregular de los créditos y beneficiarias a su vez de los fondos millonarios asignados en consecuencia, la medida cautelar de índole patrimonial deberá ser también extensiva a aquellas, debiéndose disponerse a su respecto no solo la inhibición general de bienes sino también una medida de no innovar a los fines de que no puedan alterar su composición accionaria, ello de conformidad con lo normado en el art. 23 del Código Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación».

Sostiene el fiscal de la Nación que se encuentra configurado el peligro en la demora en la medida que como hemos visto los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios y las sociedades poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia. Ello, sumado al riesgo intrínseco producido por la propia duración de este complejo proceso, lleva al suscripto a solicitar la adopción temprana de medidas precautorias con el objetivo de reducir las posibilidades de que desaparezcan los bienes que sirvan para asegurar la eventual pena pecuniaria, así como también, el recupero de activos.

Le recuerda el fiscal al juez que el grupo Vicentín fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, pues a través de las firmas Vicentín s.a., Algodonera Avellaneda s.a., Oleaginosa San Lorenzo s.a. y Friar s.a. habría realizado aportes significativos a las campañas electorales de los años 2017 y 2019, lo que permitiría entender, a su criterio, por qué el Banco de la Nación Argentina se apartó de la normativa interna para favorecer abiertamente al grupo económico investigado.

A RECONQUISTA

A directores de Vicentín saic se los investiga aparte, en otra causa, por posible vaciamiento, lavado de activos y contrabando, la que está radicada en el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo del Dr. Aldo Alurralde.