Dieron de baja a 30 médicos porque cobraban plus
La obra social de los empleados públicos se unió a otras entidades y lanzó una campaña para terminar con estas prácticas.
La obra social de los empleados públicos de la provincia y el municipio (Iapos) dio de baja a 30 prestadores que exigían el pago de plus médico para la atención en consultorio o la realización de cirugías. Y junto a otras financiadoras, el instituto provincial lanzó una campaña para informar sobre sus derechos a los afiliados y una línea gratuita donde se pueden denunciar este tipo de prácticas, tan naturalizadas y extendidas como la gripe.
Mensualmente, la obra social recibe un promedio de cien reclamos por lo que se consideran «prácticas abusivas», como exigir el pago de una suma de dinero por atenciones que se encuentran incluidas en la cobertura contratada; diferir turnos o someter a esperas injustificadas en la atención por la obra social o exigir más de una orden de consulta (ver aparte).
A la página web de la obra social llegan a diario mensajes como «Me acaban de pedir $ 8.000 de honorarios (término que utilizó el traumatólogo) por la operación que deben realizarle a mi papá por fractura de cadera. Estoy indignada ¿Esto corresponde pagarlo?» o «en el Sanatorio Reconquista siguen cobrando $100 más una orden de consulta para atender en la guardia, al menos a los afiliados de Iapos».
La directora de la obra social, Soledad Rodríguez, advierte que el cobro de adicionales es una «práctica deshonesta», que va en contra de los compromisos asumidos por los prestadores y que afecta el acceso a los servicios de salud de muchos ciudadanos. Sin embargo, reconoce que está generalizada entre los médicos y los afiliados de muchas obra sociales y que no es exclusiva de Rosario, sino de toda la provincia.
«Una de las herramientas que tenemos para combatirla es que el afiliado conozca los derechos que le corresponden porque, por desconocimiento, se naturaliza el pago como una obligación de los pacientes», señala y remarca que «siempre que las profesionales y las prácticas estén dentro de la oferta de la obra social, los pacientes no deben abonar ningún otro concepto que la orden o los bonos que correspondan».
Con los mismos criterios
Con el objetivo de unificar criterios para terminar con esta costumbre, la obra social de la provincia firmó un convenio con otras financiadoras como Caja Forense, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería, Arte de Curar, ACA Salud y Samcor Salud.
Esas entidades suman 360 mil afiliados en todo el sur provincial y la semana pasada conformaron la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud del sur. Y, como uno de sus primeros objetivos, acordaron realizar una campaña informativa para que sus afiliados conozcan los derechos que los asisten.
Todas estas obras sociales habilitaron también un canal para que los pacientes puedan plantear sus quejas. La web de la obra social de los empleados públicos (www.santafe.gob.ar/iapos) y su línea gratuita (0800 444 4276) suman cada mes un promedio de cien reclamos.
Rodríguez señala que las denuncias son «completamente anónimas». Sólo hay que especificar el número de afiliado para constatar la veracidad del reclamo y de ese dato sólo tendrán conocimiento los empleados de la obra social.
Una vez formalizados, los reclamos se clasifican según la institución o los profesionales mencionados, que son citados para hacer su descargo. Si el problema se repite, directamente se les da de baja del padrón de prestadores.
Esta tarea se realiza dos veces al año, el mes pasado la obra social de los empleados públicos dio de baja a 30 profesionales.
«Pero lo más importante —destaca la directora del Iapos— es que además podemos resolverle el problema a los afiliados, buscándole un profesional de la misma especialidad y la misma trayectoria o reintegrándole el dinero que tuvo que pagar para se atendido».
