La Cámara del sector movió sus contactos políticos para llegar a una ministra qué presiona a un novel secretario y aseguran que mañana (lunes) se dictaría una segunda conciliación obligatoria en el conflicto por las paritarias atrasadas. Los trabajadores no tuvieron aumento en los últimos 12 meses.

Por estas horas (sábado y domingo) la ministra amiga de la Cámara evalúa implementar una nueva conciliación obligatoria en el conflicto paritario de los gremios fluviales con la Cámara de Arena y Piedra de Buenos Aires. Según una alta fuente del gobierno, las empresas fueron las que solicitaron la intervención de la funcionaria nacional, para que presione al novel secretario, con el objeto de liberar la actividad por otros 15 días para abastecerse de arena y desgastar el conflicto laboral.

El recurso está contemplado en la Ley 14.786 y supone una medida de arbitraje compulsivo de la Secretaría de Trabajo con el propósito de generar las condiciones para alcanzar un acuerdo entre partes. En concreto, ante un conflicto gremial, la ley concede a la cartera laboral la facultad de retrotraer la situación previa al diferendo y generar una mesa de negociación. Vale aclarar que no produce el mismo efecto en uno generado por despidos que en uno motivado por un reclamo de aumento salarial toda vez que, retrotraer la situación, en el primer caso, favorece a la parte sindical, mientras que en el segundo lo hace con la parte patronal.

El pasado 31 de enero la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación dictó esta instancia con el objetivo primordial de tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen, garantizar la paz social y contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes. Vencidos los plazos, el conflicto escaló al cese de actividades por la falta de acuerdos.

Los gremios representativos del personal embarcado en buques areneros de empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Arena y Piedra reclaman la totalidad de la recomposición salarial correspondiente al año 2023, ya que la modalidad de las negociaciones es a año vencido y pasar a un sistema que actualice los salarios de una forma en la que el salario mantenga su poder adquisitivo.

Según el secretario General del Centro de Patrones, Mariano Moreno, las empresas adoptaron una posición intransigente y con claras intenciones de que las negociaciones fracasaran “porque no aceptaron ninguna propuesta, quieren seguir licuando el salario de los trabajadores con cuotas y ya tenemos más de 270% en contra y una devaluación de un 120%”.

“Ahora nos enteramos que están por dictar una segunda conciliación, algo totalmente fuera de la Ley. Se transformó en un instrumento del Estado que tiene como única finalidad que los trabajadores levanten la medida de fuerza y así cercenar su derecho a huelga”, dijo el dirigente sindical.

Sobre esta herramienta Moreno dijo que “se usa para evitar las consecuencias del conflicto pero no para resolver las causas, que debería ser su verdadero objetivo”, y aclaró: “La ley dispone que la conciliación debe durar 15 días hábiles y puede ser extendida cinco más y que no se puede disponer de una nueva conciliación para el mismo conflicto, por lo que la cartera laboral estaría por cometer un grave incumplimiento de la ley”.

El Capitán contó que los gremios propusieron una variedad de opciones para evitar la instancia del conflicto. Las negociaciones también se adelantaron para buscar alivio a la hora de que las empresas puedan cumplir con los pedidos, “pero juegan con datos de la política y están esperando algo, por este motivo buscan dilatar una paritaria”, mencionó Moreno, y añadió: “Si dictan la conciliación dejará de ser una herramienta de negociación al servicio de las partes para convertirse en un acto prepotente del levantamiento de la huelga”.

En la última audiencia celebrada entre las partes, la Cámara empresaria ofreció una cuota de 25% y 4 cuotas de 20%, sin contemplar la recuperación total de IPC acumulado ni el nuevo sistema de actualización, lo que fue rechazado de plano por el sector gremial. Desde el martes 5 de marzo la actividad se mantiene paralizada en reclamo de la recomposición del salario y el cambio de la negociación al año en curso.

“Ojalá la Cámara esté buscando una ayudita de sus amigos también en otros temas; falta de balanzas que controlen la sobrecarga de camiones en rutas y puentes, impuestos municipales por el espejo de agua, cargas burocráticas aduaneras, demora en las resoluciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, etc.; históricos caballitos batalla del llanto permanente de estos empresarios que vale decir, genuflexo silencio han guardado respecto a los aumentos de combustibles y cierre de la obra pública”, resaltó el Capitán sobre la cercanía de las empresas con el gobierno.

Fuera de la Ley “todo”

El sector marítimo, fluvial y pesquero fue testigo de las maniobras del gobierno a la hora de evitar el cumplimiento de las leyes vigentes. En primera instancia sucedió en la pesca, con la intención de liberar la Zona Exclusiva Económica a flotas extranjeras, incluido en el capítulo del “Nuevo Régimen de Pesca” en la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos que se trató en el Congreso de la Nación.

El segundo caso aparece con la violación a la Ley de Cabotaje 19.492 donde se permitió un waiver (permiso de Exepción) para que el remolcador “ALP Striker” de Países Bajos, realice un trabajo de cabotaje en el Puerto Rosales reservado por Ley para la bandera nacional.

Por último, el pasado 7 de marzo el gobierno, a través de la Administración General de Puertos, recibió a un grupo de militares norteamericanos en un área sensible para la Argentina: la hidrovía del Paraná-Paraguay. Se trata de la ruta fluvial más importante del país y por donde pasa la mayor cantidad de exportaciones de nuestro territorio y firmó un convenio con el ejército de Estados Unidos sin previa autorización del Congreso nacional.

El propio presidente Javier Milei asegura que “dentro de la Ley todo, y fuera de ella nada”, pero cada paso que da el gobierno nacional genera muchas sospechas sobre el cumplimiento efectivo de las normativas por parte del Ejecutivo nacional.