Quiénes son las 16 personas que quedaron imputadas y en prisión preventiva investigadas por asociación ilícita, juegos ilegales y defraudación al estado.
Fabricio Ciamporcero, Cristian Ciamporcero, Natalia Sorbellini, Claudia Prieto, Rosana Pettina, Bruno Pettina, Carlos Javier Vitarelli, Ariel Aguirre, Mauro Nasich, Adolfo Carlos Beckley, Sandra toledo, Luis Carlos Meiler, Enrique José Meiler, Gerardo Videla, Juan Atilio Senn y Juan Manuel Fernández, son los 16 imputados de la comisión de múltiples delitos en el marco de una organización criminal, lo que fue tipificado por los fiscales Gustavo Latorre y Nicolás Maglier, como asociación ilícita en concurso real con los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública.
Los jueces Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero declararon legal todas las detenciones, abrieron la investigación penal preparatoria y dispusieron la prisión preventiva para todos por el término de 90 días. Varios defensores aceptaron esa cautelar, otros la discutieron sin suerte.
Doce permanecerán en el sistema carcelario y cuatro en prisión preventiva domiciliaria: Adolfo Carlos Beckley por ser mayor de 70 años y estar enfermo; Claudia Prieto, porque tiene a su cargo la madre de 83 años y con Alzheimer; la abogada Natalia Sorbellini, ex pareja de Fabricio Ciamporcero, madre de un niño de tres años de edad; y Sandra Toledo, porque también esta preso su esposo (Luis Meiler) y tienen un hijo menor con problemas de salud; además, para sustento, a partir del día 31 tendrá permiso para salir de su casa exclusivamente para trabajar.
Dato: Entre los detenidos hay policías y agentes del servicio penitenciario. Cristian Ciamporcero es agente del Servicio Penitenciario en Piñero desde hace 11 años. Carlos Javier Vitarelli es suboficial de la policía provincial; y Ariel Aguirre es agente de la policía rural Los Pumas.
Una organización con cuatro niveles de participación
Los investigadores revelaron que la investigación se inició en diciembre de 2019 a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera. Con personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se realizaron diligencias que permitieron individualizar una organización delictiva dedicada al juego ilegal a través de la página web Aconcagua Poker –que estaría registrada y radicada en España– que habilita a usuarios a realizar apuestas de dinero. A las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar. Para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba ‘cajeros’, y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban. Un eslabón más arriba de los ‘cajeros’ estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos ‘cajeros’. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo. Por último había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los ‘cajeros’, explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación, MPA.
«Las evidencias recolectadas nos permiten afirmar –en esta instancia procesal– que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran ‘cajeros’», sostuvo el fiscal Latorre.
También sostuvo que “de la investigación realizada también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”. Subrayó que “todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”
