Solicitan que vuelva la cláusula gatillo para los empleados provinciales
Solicitan que vuelva la cláusula gatillo para los empleados provinciales
Mediante un proyecto de ley presentado el pasado jueves en la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador del Frente Renovador- PJ Oscar Martínez pidió la reinstalación del aumento salarial automático según la inflación que la provincia tuvo hasta 2019. Aclaró que el esta iniciativa no reemplaza las mesas de negociación paritarias, ni se inmiscuye en la libertad de acción y de negociación sindical.
El proyecto que será tratado en la Cámara Baja plantea que se establezca “el aumento salarial automático en el caso de que la inflación supere el porcentaje de aumento acordado en las mesas de dialágo paritario provincial, para todos los trabajadores alcanzados en las leyes provinciales N.o 10.052 y N.o 12.958. Y en caso que la inflación registrada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) sea mayor al porcentaje de aumento acordado en las mesas paritarias, mes a mes o de manera anual, dicho incremento se abonará de manera automática al mes siguiente”.
En los fundamentos Martínez expresa: “El 4 de abril del año 2018 el Poder Ejecutivo Provincial firmó el Decreto 0659/2018 que establecía una serie de mecanismos para fijar lo que comúnmente se conoce como ‘clausula gatillo’, esto es, que los salarios se actualicen automáticamente si la inflación supera el aumento acordado en las mesas provinciales de negociación paritaria. Esta medida estaba contemplada específicamente en el Art. 11 de dicho Decreto, donde se establecía que en el caso de que la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado y publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), observe un incremento acumulado que supere el 18% respecto al valor del índice de diciembre de 2017, los salarios se actualizarán en el mes subsiguiente aplicando dicho porcentaje de evolución acumulada del IPC sobre los sueldos vigentes a diciembre de 2017”.
“Como se observa -continúa el legislador- dicho artículo fijaba las condiciones necesarias para el cumplimiento de la actualización automática para el año específico en el que se dictaba el decreto. Dicho año, sin embargo, los sindicatos tuvieron que solicitar ser convocados a mesas de reunión paritarias para pedir la efectiva activación de la misma. En el año 2019, la cláusula gatillo funcionó de manera automática. A partir del cambio de gobierno a fines de 2019, esta cláusula se reemplazó por el concepto de ‘revisión’. Este cambio eliminó el automatismo que le es esencial a la cláusula y volvió a poner a los sindicatos en la situación de tener que solicitar mesas paritarias para la “revisión” de los porcentajes acordados en función de los índices inflacionarios”.
“A nadie escapa que el proceso inflacionario que la Argentina viene arrastrando desde hace años ha socavado de forma considerable el poder adquisitivo real de los trabajadores, mermando de forma progresiva su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Esto es inadmisible en un país que pretende o debería pretender recuperar al trabajo como fuente genuina de ingresos, de sostén de la familia y de movilidad social ascendente. Contrariamente a esta última idea, frente a la inflación, quien trabaja en lugar de “ascender” va progresivamente perdiendo su capacidad adquisitiva y, por tanto, recortando las posibilidades de desarrollo en todos los sentidos que el poder adquisitivo ofrece”, agrega Martínez.
Para finalizar, el legislador aclaró que “esta iniciativa en nada reemplaza las mesas de negociación paritarias, ni se inmiscuye en la libertad de acción y de negociación sindical. Por el contrario, garantiza que aquello que los gremios acuerden en materia salarial según las previsiones económicas que se realizan a principio de año sea salvaguardado de manera automática y por ley a lo largo de todo el año. De esta manera se busca crear una herramienta coadyuvante de la tarea sindical en la protección de los derechos de los trabajadores. También, por este medio, el Estado se obliga a sí mismo a que sus trabajadores puedan seguir teniendo un salario digno más allá de la coyuntura económica”.
